PROPIEDAD PÚBLICA Y PROPIEDAD PRIVADA

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

Os decía el otro día que el debate político en Costa Rica ha sido, históricamente, intenso, entre el PLN -socialdemócrata- y PUSC -neoliberal-. Ahora preside el país Oscar Arias, del PAC –una escisión del PLN-, más de centro reformista, que está en su segundo mandato; todos los ticos con los que he hablado reconocen que lo está haciendo bien, aunque la inflación que ya ronda el 12 % esté estropeando su gestión; ellos la atribuyen casi sólo al alza de los precios del petróleo, aunque la política monetaria y el déficit tanto de las cuentas del estado, como el de la balanza por cuenta corriente tenga bastante que ver en ella, también. El país no tiene petróleo y las primeras materias que exporta son -fundamentalmente- agrícolas; la industria aún no es muy fuerte y los servicios crecen fuertemente aumentando su peso relativo en la economía que tiene una fuerte inversión directa procedente, sobre todo, de EEUU. Todo eso junto, pese a que el consumo interno está tocado por la fuerte inflación, genera déficit en la balanza por cuenta corriente. Como señalaba en mi post anterior, Costa Rica tiene un avanzado sistema público de salud y de educación -avanzadísimo para el área geográfica en la que está-  y un gran peso del sector público puesto que muchos de los servicios básicos -banca, seguros, telecomunicaciones, energía, alcohol, puertos, etc.- se gestionan desde empresas o entes autónomos de capital público, con una dirección manifiestamente mejorable, como suele ocurrir con muchos de los entes públicos, en todas partes. Toda esta carga genera déficit en las cuentas del estado y el Banco Central, pese a su autonomía, se ve arrastrado por la situación y se debate entre subir o mantener los tipos de interés, bajar o no el cambio entre el colón -la moneda local- y el dólar -que dada la situación del dólar en el pasado reciente está relativamente alta-, poner o no más colones en circulación, comprar o vender dólares, etc.

El Presidente Arias querría reformar esa situación privatizando algunas de las empresas públicas -que, además, lo son por mandato constitucional- pero, para ello, no tiene mayoría suficiente y necesitaría el apoyo de los socialdemócratas del PAC, que se oponen.

El vendaval neoliberal que afectó a toda Latinoamérica las pasadas décadas también llegó a Costa Rica, pero no arregó -ni en Costa Rica ni en el resto del subcontinente- casi nada. Ese vendaval ha tenido como respuesta reactiva la aparición en el área de algunos regímenes claramente socialistas -Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador. ¿Paraguay?- que son un fracaso, y de otros de izquierda socialdemócrata  -Chile, Brasil, Perú, Uruguay-, más eclécticos, que están teniendo un relativo éxito.  La situación actual de los mercados de primeras materias al alza –impulsada por la creciente demanda mundial, sobre todo la de China e India- beneficia a los países latinoamericanos -más a los que tiene petróleo, gas o minerales clave- y su crecimiento no se ha visto tan afectado, hasta ahora, por la crisis de EEUU, su gran cliente tradicional. Para  terminar de entender mejor el contexto hay que tener presente la tremenda pobreza en la que viven muchos latinoamericanos y el tremendo peso que tiene la economía informal; en Costa Rica también.

¿QUÉ PAPEL DEBE TENER EL ESTADO HOY?

La respuesta es una decisión soberana de cada país. Pero el debate abierto en Costa Rica me lleva a exponer, brevemente, algunos de sus fundamentos teóricos.

El denominado por Stigler teorema de Coase, formulado por Ronald Howard Coase, Premio Nobel de Economía de 1991, sirve, a menudo, de coartada ideológica a los que niegan que la propiedad pública sea necesaria. El teorema demuestra que cuando, como consecuencia de una actividad económica de alguien que tiene un derecho de uso de un bien público, se generan externalidades negativas para un tercero -consecuencias negativas de la actividad sobre el uso de ese bien público-, la solución óptima -la más eficiente económicamente- se alcanza dejándoles negociar, siempre que los costes de esa transacción sean mínimos o nulos, y prueba que eso ocurriría independientemente de quién fuera el propietario de los derechos de uso sobre el bien público, porque, al final, uno debería compensar adecuadamente al otro, dependiendo  el acuerdo de sus beneficios y de la afectación a los beneficios del otro, a causa de la actividad.

Como decía, este teorema lleva a los dogmáticos a sacralizar la propiedad privada de todos los bienes y a condenar cualquier propiedad pública. Si una fábrica contamina un lago en el que pesca un pescador, independientemente de quién tenga el derecho de uso del lago -la industria o el pescador-, lo mejor sería dejarles negociar y que pactaran la solución. Claro que el teorema de Coase no funciona si la actividad de uno afecta por externalidades negativas, en lugar de a uno, a varios. Entonces, al ser  más de uno los afectados, y no ser afectados individualmente, sino el conjunto, no es posible una solución óptima económica  obtenible negociando individualmente para resolver el conflicto de intereses. La naturaleza común de la propiedad sobre el lago lo hace imposible. La contaminación no está repartida, es común, no hay forma de separar la parte contaminada del lago de cada uno. No hay derechos de contaminación sobre una parte. La propiedad del lago como sujeto de contaminación es necesariamente común. Por mucho que uno negocie una compensación individual, eso no afecta a la resolución del conflicto para  todos los demás. El que acordara primero tendría compensaciones menores y el que esperara a ser el último en negociar las tendría mayores con lo que todos querrían ser el último; es decir, razonablemente, no negociarían.

Por tanto el famoso teorema no sirve si las externalidades afectan a más de un agente. ¡Lo que ocurre siempre o casi! Además si los costes de transacción fueran altos tampoco funciona el teorema. Tampoco se  contempla que las externalidades sean duraderas –con efectos a largo plazo- o irreversibles -lo que, desafortunadamente, en muchos casos ocurre-. Pese a todo, como digo, los dogmáticos epígonos de Coase van mucho más allá que su maestro inspirador y proclaman que este teorema demuestra el origen natural y sacrosanto del derecho de propiedad privada y niegan el derecho de la propiedad pública que sería antinatural e ineficiente “per se”. Lo previo sería que lo que discute el teorema no es la propiedad de un bien público sino el derecho de uso de ese bien, pero ese detalle -fundamental- lo olvidan; ¡por supuesto!

Está claro que el estado, en general, es un mal gestor de empresas, pero no es cierto, a mi entender, que el mejor estado sea el menor estado posible. Pese a todo, los neoliberales conceden -a su pesar- que parte de la seguridad debe ser pública. También la defensa. Para garantizar los bajos costes de transacción, también admiten que debe garantizar la administración de justicia.

Pero no sólo hay externalidades negativas. Las infraestructuras públicas, o la educación crean enormes externalidades positivas. Independientemente de que puedan ser en parte apoyadas por la iniciativa privada son esencialmente públicas.

No todos los bienes son privatizables, algunos son públicos y escasos. Cuando un bien es escaso y público debe ser gestionado en común. Y, entonces, el estado es el único propietario posible. Puede que al estado le convenga encargar a un ente autónomo la gestión, o encargar a varias empresas la gestión y tutelarlas, pero la gestión debe ser común.

¿para qué hace falta el Estado?

Cómo escribí hace unos días en BADARKABLAR el blog de CEPADE: “¿Quién estaría encargado de minimizar los costes de transacción? la administración del Estado. Y ¿quién habría de arbitrar las soluciones cuando los costes de transacción fueran altos?: también el estado. Y si las externalidades fueran a largo plazo ¿quién habría de imponer las soluciones?: ¡vaya!, otra vez el estado. ¿Y si fueran planetarias como la contaminación, el cambio climático, el deterioro irreversible del medioambiente: como la desertificación a la muerte biológica de grandes áreas marinas?: eso no lo arreglaría más que un poder planetario, ¡qué horror! -dirían- ¿No?

También hay externalidades positivas, como las que se producen por la aparición de internet o por la construcción de infraestructuras, etc. ¿De promover esas actividades debe ocuparse tal vez el estado?

¡Vaya con el estado! Resulta que nos hace más falta de lo que pensábamos. Otra cosa es que éste, el estado, se dedique a cosas que no debe hacer o que es manifiesto que cuando las hace es ineficiente, pero ¡qué no nos haga falta!…

No olviden los neoliberales conversos que el estado moderno, con sus tres poderes independientes, etc., es un invento de los liberales, de los de verdad, no de estos epígonos neo conversos que tanto abundan hoy.”

Gustavo Mata