Hace unos días expliqué aquí qué se votaba en la ONU sobre el Sáhara Occidental. Esto es lo que pasó y lo que cambia.
El jueves 30 de octubre, el Consejo de Seguridad no logró renovar la MINURSO. Estados Unidos presentó un texto que prorrogaba la misión un año, le cambiaba el nombre para eliminar la palabra «referéndum» y presentaba la autonomía marroquí como la única base de negociación. Obtuvo 11 votos a favor, pero Rusia lo vetó. Rusia propuso entonces una prórroga técnica de un año, sin cambios; Estados Unidos votó en contra y tampoco salió adelante.
El mandato expiró a medianoche del 31 de octubre. Desde el 1 de noviembre, la misión está en «periodo de liquidación»: un pequeño equipo de la ONU devuelve el material a los países que aportaron tropas y cierra las instalaciones. Después de 35 años, la ONU deja de tener presencia sobre el terreno en el Sáhara Occidental. Sigue, eso sí, la mediación política a través del enviado personal del secretario general, Staffan de Mistura.
Cuatro lecturas de un mismo resultado
Para Marruecos, es «un paso significativo» hacia el cierre del expediente en Naciones Unidas, según el Gabinete Real. Rabat ha asegurado que su compromiso con el alto el fuego no cambiará.
Para el Frente Polisario, el veto ruso evitó que la ONU renunciara al referéndum, y el derecho de autodeterminación sigue intacto. Recordemos que el Polisario dio por roto el alto el fuego en noviembre de 2020.
Para Naciones Unidas, en palabras de António Guterres, el fin de la misión «no anula» el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación. El secretario general ha pedido a todas las partes la máxima contención.
Para Argelia, principal apoyo del Polisario, no constaba aún una declaración oficial cuando la prensa recogió estas reacciones. La Asamblea General de la ONU debatirá el veto el 10 de noviembre.
¿Qué cambia sobre el terreno?
Nadie lo sabe todavía. La MINURSO no impedía los enfrentamientos, pero era un testigo neutral y un canal de comunicación entre las partes. Sin ella, cualquier incidente en la zona será más difícil de verificar y de contener. Los analistas consultados por la prensa coinciden en que el riesgo de escalada ha aumentado, aunque discrepan sobre su probabilidad.
¿Y España?
Aquí hay una cuestión de fondo en la que no hay acuerdo. El Gobierno español sostiene que España quedó desligada de sus responsabilidades sobre el territorio en febrero de 1976. El Polisario y una parte de la doctrina jurídica consideran que España sigue siendo la potencia administradora de iure. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores no había respondido, a principios de noviembre, a las preguntas de la prensa sobre su posición.
Más allá del debate jurídico, lo que ocurra en el Sáhara afecta a intereses españoles concretos: la estabilidad de la ruta migratoria hacia Canarias, la cooperación antiterrorista con Marruecos, el suministro de gas argelino y la relación con Rabat, nuestro principal socio comercial en África.
Lo que conviene seguir
Tres cosas en las próximas semanas: el debate en la Asamblea General del 10 de noviembre; si se mantiene la calma sobre el terreno sin observadores de la ONU; y qué dicen los partidos españoles sobre el Sáhara en la campaña del 29N. De esto último hablaré en esta serie, con una regla: contar lo que propone cada uno, sin recomendar a ninguno.
Una serie en cuatro partes para seguir la campaña del 29-N con datos y no con eslóganes: qué causas judiciales afectan al entorno de cada partido, en qué fase están y cómo leer lo que unos dicen de otros.
Resumen
Varias causas que afectan al entorno del PSOE coinciden con la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Este análisis se centra en dos instrucciones abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Plus Ultra, que dirige el juez José Luis Calama, y el caso Leire Díez, que dirige el juez Santiago Pedraz. Ambas están en fase de instrucción y nadie ha sido juzgado en ellas. Al final se repasa el estado de las demás causas, algunas ya con sentencia. Quien no tenga una condena firme está amparado por la presunción de inocencia.
Este artículo no valora a partidos ni a candidatos. Analiza, con una mirada de sistemas, tres cuestiones: cómo afecta la colaboración de terceros a la dinámica de una investigación, qué cambia cuando un juez se persona como perjudicado y qué peso tienen las pruebas materiales frente a las versiones de las partes. Los datos proceden de resoluciones judiciales e informes policiales publicados por la prensa hasta el 28 de octubre de 2026.
Bloque I: la colaboración con la investigación como variable del sistema
Cuando una empresa aparece en una causa penal, el Código Penal le ofrece un incentivo claro para colaborar. El artículo 31 bis permite atenuar o excluir la responsabilidad de la persona jurídica si acredita un modelo de cumplimiento eficaz y colabora con la justicia. En la práctica, eso suele traducirse en entregar documentación, correos o registros técnicos a los investigadores.
Ese incentivo cambia el equilibrio. Las personas físicas investigadas pasan a valorar su propia situación procesal, y el Código Penal contempla atenuantes como la confesión (artículo 21.4) o la reparación del daño (artículo 21.5). Los tribunales los aplican caso por caso. Que alguien colabore no prueba por sí mismo la culpabilidad de otros: sus declaraciones necesitan corroboración externa para tener valor como prueba.
En las causas actuales, el material clave procede sobre todo de registros y de informes de la UCO de la Guardia Civil y de la UDEF de la Policía Nacional. Su valor definitivo lo decidirán los jueces y, en su caso, un tribunal en juicio oral.
Bloque II: el «factor Badajoz», cuando un juez se persona como perjudicado
La Audiencia Nacional ha admitido como acusación particular a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma en el caso que instruye Santiago Pedraz, y la ha citado a declarar como perjudicada (COPE). Biedma es quien instruyó la causa sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Un atestado de la UCO del 6 de octubre añade cuatro declaraciones de testigos y documentación sobre presuntas maniobras para desacreditar a la magistrada. Entre ellas hay un canal de vídeo con publicaciones contra varios jueces de Badajoz (COPE).
Desde el punto de vista del sistema, la personación de un juez como víctima amplía el objeto de la causa. Ya no se investigan solo contratos o pagos, también posibles conductas contra la Administración de Justicia, como la obstrucción a la justicia (artículo 464). Hasta ahora son hipótesis de investigación, no calificaciones firmes.
El 23 de octubre, Pedraz dio quince días al PSOE para entregar «sin más demora» los datos sobre los abogados que contrató entre 2021 y 2025 (Infobae/EFE). Esa entrega marcará el siguiente paso de la instrucción.
Bloque III: las joyas del caso Plus Ultra, prueba material frente a versiones
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, investiga el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, aprobado en 2021. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está investigado en la causa.
El 19 de mayo, la policía halló joyas en una caja fuerte de su despacho. La tasación que encargó el juez a la joyería Ansorena, con el Instituto Gemológico Español, las valoró en unos 1,3 millones de euros. El portavoz del expresidente las había estimado en 30.000-50.000 euros (elDiario.es).
La defensa sostiene que parte de las piezas son herencias y regalos de viajes. En concreto, atribuye tres juegos de rubíes, esmeraldas y zafiros a un obsequio personal del rey Abdalá de Arabia Saudí durante su visita oficial de junio de 2007. El 27 de octubre, Calama rechazó pedir a Arabia Saudí que lo confirmara y cuestionó que se tratara de un regalo personal (El Español).
El juez ha ordenado una tasación pericial adicional. Lo que debe acreditarse, si llega a hacerse, es una relación entre las joyas y las decisiones sobre el rescate. Hoy esa relación es una hipótesis de la instrucción, y la defensa la rechaza.
Bloque IV: las demás causas del entorno del PSOE
Además de Plus Ultra y el caso Leire Díez, hay otras cuatro causas que afectan a exdirigentes del PSOE o a familiares del presidente del Gobierno. Dos ya tienen sentencia.
Causa
Quién
Estado a 28-10-2026
Mascarillas (Supremo)
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su exasesor Koldo García
Condenados en junio de 2026 a 24 y 19 años de prisión por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El 14 de octubre, el Supremo rechazó anular la sentencia (elEconomista)
Obra pública (Audiencia Nacional)
Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, junto a Ábalos y Koldo García
En instrucción con el juez Ismael Moreno, por presuntos amaños de obra pública. Acciona, también investigada, ha admitido pagos de 1,9 millones a Servinabar, empresa del socio de Cerdán (Teleprensa/Europa Press)
Caso Begoña Gómez (Madrid)
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno
Enviada a juicio con jurado el 21 de septiembre por presunto tráfico de influencias y malversación. El juicio, en la Audiencia Provincial de Madrid, no tiene fecha (Infobae)
Caso David Sánchez (Badajoz)
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno
Condenado el 14 de julio a nueve años de inhabilitación por cooperar en un delito de prevaricación administrativa (Noticias de Navarra). Recurrió el 8 de octubre y pide su absolución (Infobae/Europa Press)
En las causas sin sentencia firme, los investigados mantienen la presunción de inocencia.
Conclusión
Plus Ultra y el caso Leire Díez tienen todavía decisiones clave pendientes: la documentación que debe entregar el PSOE en el caso Leire Díez, la tasación pericial de las joyas y las próximas declaraciones. Si alguna persona aforada resultara implicada, el juez tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Ese paso no se ha producido ni tiene fecha.
La lección de sistemas es sencilla. En una instrucción penal, los documentos, las tasaciones y los registros técnicos pesan más que los argumentarios de cualquier parte. Pero esos datos los interpretan jueces sujetos a recursos y garantías, y la última palabra corresponde a un tribunal en juicio. Hasta entonces, rige la presunción de inocencia.
Una serie en cuatro partes para seguir la campaña del 29-N con datos y no con eslóganes: qué causas judiciales afectan al entorno de cada partido, en qué fase están y cómo leer lo que unos dicen de otros.
Resumen
A un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, tres procedimientos con exdirigentes del PP concentran la atención judicial: el juicio de la Operación Kitchen, pendiente de sentencia; el caso Montoro, en instrucción; y la causa de la DANA de Valencia, en la que el expresidente Carlos Mazón no ha sido imputado. A ellos se suman varias macrocausas antiguas con piezas todavía abiertas.
En casi todos los casos, los investigados o acusados son personas concretas, no el partido como persona jurídica. Nadie ha sido condenado con sentencia firme en las causas que se describen, y todos están amparados por la presunción de inocencia. Las cifras globales de causas e implicados que circulan en campaña se atribuyen siempre a quien las publica.
Este artículo acompaña al análisis publicado sobre las causas que afectan al entorno del PSOE, con los mismos criterios.
Bloque I: Operación Kitchen, a la espera de sentencia
El juicio quedó visto para sentencia el 28 de julio de 2026 en la Audiencia Nacional, tras 37 sesiones. Decide un tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios (Diario de León). Hay ocho acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y varios excomisarios, como José Manuel Villarejo.
La causa juzga si, en 2013 y 2014, el Ministerio del Interior organizó un dispositivo para seguir al extesorero del PP Luis Bárcenas y quitarle documentación relacionada con el caso Gürtel. Según EFE, la acusación pide quince años de prisión para Fernández Díaz y Martínez (Infobae/EFE).
Las dos versiones son opuestas. Las acusaciones sostienen que Fernández Díaz encabezó un operativo parapolicial para obtener documentación comprometedora sobre la financiación del PP. Las defensas sostienen que fue un dispositivo legal de inteligencia para localizar el patrimonio que Bárcenas tenía oculto en el extranjero (Diario de León). La sentencia no tiene fecha anunciada y podrá recurrirse.
Bloque II: caso Montoro, en instrucción y con la competencia en el aire
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, investiga si el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y el despacho que fundó, Equipo Económico, cobraron de empresas gasísticas a cambio de impulsar reformas legales a su favor. En julio de 2026, el juez prorrogó la instrucción seis meses. En su auto describe la hipótesis de una presunta trama dedicada a influir en el proceso legislativo a cambio de un precio (Infobae/Europa Press).
Las defensas discuten que Tarragona sea el juzgado competente. Argumentan que la sede del despacho, la de la patronal gasística, el Ministerio y las Cortes están en Madrid. La Audiencia de Tarragona ha remitido esa decisión al Tribunal Supremo, y Equipo Económico ya ha pedido que la causa pase a Madrid (Infobae/EFE).
Hasta que el Supremo resuelva quién instruye, el calendario de la causa es incierto.
Bloque III: DANA de Valencia, Mazón no está imputado
La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 pidió en febrero de 2026 al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que investigara a Carlos Mazón, aforado como diputado autonómico. Veía indicios de negligencia en la gestión de la emergencia (Poder Judicial).
En marzo, el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó imputarle. Consideró que la normativa de emergencias no atribuía al presidente autonómico deberes específicos, y recordó que la decisión podía recurrirse y no impedía seguir investigando (AFP/Yahoo). La Fiscalía compartía ese criterio, y en abril el tribunal desestimó por unanimidad los recursos de las acusaciones (El Español).
La causa sigue en Catarroja contra otros investigados, como la exconsellera Salomé Pradas. La jueza puede volver a pedir la imputación de Mazón si aparecen elementos nuevos.
Bloque IV: macrocausas abiertas y la guerra de cifras
Según un repaso de Noticias de Álava de julio de 2026, siguen abiertas piezas de varias macrocausas: Púnica y su pieza Cofely, Lezo (Canal de Isabel II), Imelsa/Taula, Erial y Azud. Cada una está en una fase distinta (Noticias de Álava). En Erial, el expresidente valenciano Eduardo Zaplana fue condenado en octubre de 2024 con una sentencia no firme (Actualidad 24).
No existe un recuento oficial de causas «del PP». Las cifras que circulan las elaboran partidos o medios, con criterios distintos: unas cuentan causas, otras juicios y otras investigados. Por eso no coinciden entre sí.
Cuando estos recuentos hablan de años de cárcel, suman las penas que piden las acusaciones, no penas impuestas.
Conclusión
El próximo hito con fecha incierta es la sentencia de Kitchen, que puede llegar antes o después del 29-N. El caso Montoro depende de que el Supremo decida qué juzgado lo instruye, y la causa de la DANA sigue sin Mazón como investigado.
La lección de sistemas es la misma que en el análisis anterior. Los recuentos de campaña miden ruido político, no resultados judiciales: suman peticiones de las acusaciones, causas en fases muy distintas y personas aún no juzgadas. Lo que cuenta procesalmente son las resoluciones concretas: autos, aperturas de juicio y sentencias firmes.
Una serie en cuatro partes para seguir la campaña del 29-N con datos y no con eslóganes: qué causas judiciales afectan al entorno de cada partido, en qué fase están y cómo leer lo que unos dicen de otros.
Resumen
Fuera de PSOE y PP, las causas abiertas a 28 de octubre de 2026 son de menor escala y casi todas afectan a personas concretas, no a los partidos. En Vox hay varias causas individuales y la investigación sobre su financiación está archivada. A la izquierda del PSOE, el caso más relevante es el de Mónica Oltra, pendiente de juicio. Entre los nacionalistas, el asunto principal es la aplicación de la amnistía del procés.
El texto completa los análisis publicados sobre el PSOE y el PP, con los mismos criterios: datos de resoluciones judiciales y prensa, cada uno con su fuente, sin valoración política y con la presunción de inocencia de todos los mencionados. No se trata de una lista exhaustiva: pueden existir causas locales menores que no se recogen aquí.
Bloque I: Vox, la financiación archivada y causas individuales
La Fiscalía Anticorrupción archivó la investigación sobre la financiación de Vox, abierta por una denuncia del PSOE. Afectaba al préstamo del banco húngaro MBH y a la recaudación por venta de merchandising. La Fiscalía señaló que el Tribunal de Cuentas ya había sancionado al partido y que el préstamo se devolvió íntegramente en septiembre de 2024 (elDiario.es).
Siguen abiertas varias causas contra cargos concretos:
Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear, está procesado por un presunto delito de odio. La vista previa del juicio se celebra el 28 de octubre (Infobae/EFE).
Leticia Díaz, portavoz en el Parlamento de Cantabria, está investigada por presunto acoso laboral a una trabajadora del grupo y por un posible delito contra la intimidad. El juez ha cerrado la instrucción y archivado la causa respecto al partido (Infobae/EFE). La Fiscalía pide archivar también la causa contra ella (Demócrata).
Aida Peñalver, candidata al Congreso por Murcia, está citada como investigada el 12 de enero de 2027 por el supuesto uso no autorizado de la firma digital del exlíder regional José Ángel Antelo (Diario de Avisos).
En octubre, un juez archivó la causa contra el ex responsable de redes del partido Javier Esteban, al no apreciar indicios de delito (The Objective).
Bloque II: a la izquierda del PSOE, el caso Oltra
La exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, de Compromís, está acusada de supuestamente encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada. En marzo de 2026 se abrió juicio oral contra ella por seis presuntos delitos, entre ellos prevaricación, malversación y encubrimiento. Junto a ella se sentarán otros doce acusados, y los recursos pendientes pueden retrasar la fecha del juicio (Vozpópuli).
El recorrido procesal ha sido largo. El juez archivó la causa dos veces, la segunda al considerar que las acusaciones se basaban en meras sospechas. La Audiencia de Valencia la reabrió tras los recursos de las acusaciones populares, que ejercen Vox y la asociación Gobierna-te (Valencia Plaza).
No se han encontrado causas relevantes abiertas contra Podemos o Sumar como partidos. El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero dice haber afrontado 22 juicios y querellas en doce años (El Español), pero no consta el estado de cada una.
Bloque III: nacionalistas, amnistía del procés y causas locales
Para Junts y ERC, el asunto judicial abierto es la aplicación de la ley de amnistía a las causas del procés de 2017. No son causas de corrupción. El 20 de octubre, el Supremo aplicó la amnistía a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por la malversación del procés, tras asumir la doctrina del Constitucional (Infobae). La decisión sobre Carles Puigdemont sigue pendiente, aunque el juez Pablo Llarena ha retirado su orden de detención (El Español). El Tribunal de Cuentas también ha amnistiado a 35 ex altos cargos del Govern por los gastos del procés (The Objective).
En el País Vasco, un juzgado de Getxo investiga a concejales del PNV por el derribo de un palacete protegido, por un posible delito contra el patrimonio histórico. EH Bildu, que presentó la denuncia, intenta mantenerse como acusación (elDiario.es). No se han encontrado causas relevantes abiertas contra dirigentes de EH Bildu.
Conclusión
El refrán lo resume: en todas partes cuecen habas. Ningún partido está libre de causas judiciales, pero no todas son iguales. Las de PSOE y PP incluyen macrocausas en la Audiencia Nacional con exministros o expresidentes investigados o acusados. Las del resto de partidos son, por ahora, causas individuales, locales o, en el caso del procés, de naturaleza más política que económica.
Como en los dos artículos anteriores, lo que cuenta procesalmente son las resoluciones concretas. Hasta que haya sentencia firme, todos los mencionados son inocentes.
Una serie en cuatro partes para seguir la campaña del 29-N con datos y no con eslóganes: qué causas judiciales afectan al entorno de cada partido, en qué fase están y cómo leer lo que unos dicen de otros.
Entrada
Los tres artículos anteriores repasaron las causas judiciales que afectan al entorno del PSOE, al PP y al resto de partidos. Este cierre recoge otra cosa: lo que cada partido dice de las causas de los demás en campaña.
Aquí no se valida ni se desmiente ninguna de esas afirmaciones. Se reproducen tal y como las publican sus autores, con fecha y fuente, para que el lector vea cómo se construye cada relato y pueda compararlo con los datos judiciales de los artículos anteriores.
Qué dice cada partido de los demás
PSOE y PP son los que más cifras publican el uno sobre el otro. En esta campaña, Vox ha dejado de atacar al PP. Frente Amplio y los nacionalistas apenas difunden recuentos de causas.
Frente Amplio no centra su discurso en las causas judiciales. Su candidata, Ada Colau, señala a PP y Vox como adversarios políticos, pero sin aportar recuentos (elDiario.es).
Cómo leer estas cifras
Las cifras de la tabla no son comparables entre sí, ni siquiera dentro de un mismo partido. Hay cuatro motivos:
Qué se cuenta. Unos recuentos cuentan causas, otros juicios y otros personas investigadas. Una misma macrocausa puede figurar como una o como varias piezas.
A quién se atribuye. Se suman casos de cargos locales, exdirigentes que ya no militan o personas del entorno, como si fueran del partido.
Qué fase. Se mezclan diligencias iniciales, procesamientos, juicios pendientes y causas archivadas o prescritas.
Qué penas. Los años de cárcel son lo que piden las acusaciones, no lo que han impuesto los tribunales.
Por eso, el mismo partido puede hablar de 24 o de 39 causas del adversario según el documento. La única referencia homogénea son las resoluciones judiciales concretas, que es lo que recogen los tres artículos anteriores.
Cierre de la serie
En campaña, cada partido difunde las causas del adversario y relativiza las propias. Es parte del juego político, pero no sustituye a los tribunales. Para quien quiera formarse una opinión propia, la recomendación es sencilla: ir a la resolución judicial, comprobar la fase del procedimiento y recordar que, hasta que haya sentencia firme, todos los mencionados en esta serie son inocentes.
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